Deducciones fiscales, ayudas directas, mejoras diagnósticas y una ley específica dibujan distintas respuestas políticas a las necesidades de las personas celíacas. Mientras PP, PSOE y Frente Amplio recogen estas propuestas programaticas y el programa de Vox no recoge compromisos específicos, la cuestión decisiva será cómo se concretan esas iniciativas y qué protección ofrecen a quienes deben asumir el coste de su alimentación sin gluten.

 

El Partido Popular sitúa su respuesta en el terreno fiscal mediante una deducción específica en el IRPF destinada a aliviar los gastos derivados del tratamiento dietético de la enfermedad celíaca. Según su programa electoral, esta medida se establecería por ley, aunque el texto no precisa su cuantía, los requisitos para solicitarla ni su posible vinculación con el nivel de renta. Su alcance dependerá, precisamente, de ese diseño, de manera que una deducción puede reducir la carga económica de los contribuyentes, pero para valorar su utilidad social será necesario conocer qué ocurre con las personas que no están obligadas a declarar o cuya cuota resulta insuficiente para aprovecharla. La propuesta abre así una vía de compensación, pendiente de concretar qué parte del sobrecoste cubriría y a cuántas familias llegaría.

El PSOE combina el apoyo económico con la atención sanitaria al plantear ayudas públicas para compensar el mayor precio de los productos sin gluten y una actualización de los protocolos diagnósticos del Sistema Nacional de Salud. Este enfoque aborda dos problemas que afectan a momentos distintos de la vida del paciente: el recorrido hasta obtener un diagnóstico y el gasto que debe afrontar después. No obstante, el documento no detalla la cuantía de las prestaciones, su periodicidad ni los criterios de acceso, aspectos imprescindibles para determinar si supondrían un respaldo suficiente. También será necesario traducir la revisión de los protocolos en actuaciones concretas, recursos y mecanismos de seguimiento que permitan comprobar si mejora efectivamente la detección de la enfermedad.

En el caso de VOX, el análisis aportado no identifica menciones expresas a la celiaquía ni propuestas específicas sobre alimentos sin gluten o necesidades asociadas a alergias e intolerancias alimentarias. El programa solo recoge iniciativas generales, como la tarjeta sanitaria única, pero no compromisos dirigidos a compensar el sobrecoste de la dieta o mejorar específicamente el diagnóstico de esta enfermedad. Esta ausencia limita la posibilidad de evaluar una respuesta propia de la formación a las demandas del colectivo.

Frente Amplio, por su parte, presenta un amplio catálogo de medidas específicas, con una «Ley Celíaca», ayudas directas para adquirir alimentos sin gluten, controles de salud infantiles orientados a la detección temprana y un sello oficial de control dependiente del ministerio competente. A ello añade la aplicación de un IVA del 0 % a los productos sin gluten y garantías de adaptación de los menús escolares a las necesidades del alumnado. La propuesta reúne instrumentos económicos, sanitarios y de seguridad alimentaria, pero su amplitud exige también mayor concreción, por lo que esta formación tendría que delimitar qué productos quedarían incluidos en la rebaja fiscal, cómo se coordinaría el sello con los sistemas de control existentes y qué recursos permitirían cumplir las obligaciones previstas para los comedores.

La comparación muestra diferencias tanto en los instrumentos elegidos como en el grado de desarrollo. Mientras que el PP prioriza la deducción fiscal; el PSOE combina compensación económica y mejora diagnóstica; VOX carece de medidas específicas; y Frente Amplio propone una intervención legislativa más extensa.

Para las personas celíacas, la evaluación práctica deberá centrarse en cuánto apoyo recibirían, con qué requisitos y desde cuándo, además de en las garantías para alimentarse con seguridad. Los programas presentados aportan solo una escueta síntesis, sin memorias económicas ni calendarios de ejecución, por lo que se pueden comparar las propuestas decada formación, pero no verificar su formulación completa. El verdadero alcance de los compromisos dependerá de su desarrollo normativo, su presupuesto y su aplicación efectiva.